Propone expropiar el uso, por interés social, de las viviendas que pasen de diez en manos de grandes tenedores, fondos y bancos. Las vacías o turísticas habitables irían al parque público para alquiler social; en las ya alquiladas se fijarían rentas sociales o reguladas.
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«Impulsaremos la expropiación de uso por interés social de las viviendas que superen las diez en manos de grandes tenedores, fondos de inversión, entidades financieras y bancos, incluyendo las aproximadamente 626.000 viviendas concentradas en manos de grandes propietarios. Incorporaremos al parque público de vivienda aquellas que estén vacías o destinadas al uso turístico, siempre que reúnan las condiciones de habitabilidad, para destinarlas al alquiler social.»
Propone crear una inmobiliaria pública que gestione los alquileres entre propietarios e inquilinos, asumiendo las obligaciones del propietario, a cambio de alquileres con una renta máxima del 30 % de la renta media del municipio.
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«Crearemos una inmobiliaria pública que actúe como intermediaria entre propietarios e inquilinos y asuma la gestión integral de los arrendamientos, incluidas las obligaciones y responsabilidades que correspondan a los propietarios. A cambio, garantizará alquileres asequibles, con una renta máxima equivalente al 30 % de la renta media del municipio.»
Propone incorporar al parque público todas las viviendas vacías y en construcción de la SAREB, y todo su suelo edificable, para alquiler social.
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«Incorporaremos al parque público de vivienda la totalidad de las viviendas vacías y en construcción propiedad de la SAREB, así como todo el suelo edificable en sus manos, para destinarlos al alquiler social»
Propone ampliar el parque público ejerciendo el derecho de tanteo y retracto: las administraciones podrían comprar con preferencia las viviendas que se pongan en venta, sobre todo en zonas con más dificultades de acceso.
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«Ampliaremos significativamente el parque público de vivienda mediante el ejercicio del derecho de tanteo y retracto por parte de las administraciones públicas, que podrán adquirir de forma preferente las viviendas que sus propietarios pongan en venta»
Propone un programa de compra pública de viviendas ya alquiladas: cualquier propietario podría ofrecerla al Estado. Se respetarían los derechos de los inquilinos, a los que se podrían ofrecer alquileres más bajos.
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«Asimismo, pondremos en marcha un programa de compra pública de viviendas actualmente en alquiler, mediante el que cualquier propietario podrá ofrecer su vivienda al Estado para que estudie su adquisición.»
Plantea garantizar que todas las personas que lo necesiten accedan a una vivienda pública, procurando que alquiler y suministros básicos no superen el 30 % de los ingresos del hogar.
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«Garantizaremos que todas las familias y personas que lo necesiten puedan acceder a una vivienda pública, procurando que el coste conjunto del alquiler y los suministros básicos no supere el 30 % de los ingresos de la unidad de convivencia.»
Propone prohibir la venta al sector privado de viviendas del parque público, así como su subasta o venta en procedimientos de ejecución.
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«Prohibiremos la venta al sector privado de las viviendas que formen parte del parque público de vivienda. Asimismo, prohibiremos la subasta y venta mediante procedimientos de ejecución de viviendas de titularidad pública»
Propone que toda vivienda con algún tipo de protección pública la conserve para siempre, para que no pueda venderse a precio de mercado.
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«Toda vivienda que tenga algún tipo de protección pública conservará permanentemente esta condición, al objeto de impedir que sea vendida a precios de mercado y objeto de especulación.»
Propone reforzar las políticas de vivienda contra la segregación residencial y la discriminación inmobiliaria por origen racial o nacionalidad, fomentando alquiler asequible, mediación residencial y acceso a vivienda pública con criterios transparentes.
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«Se promoverán actuaciones en la Ley 15/2022 para fomentar programas de alquiler asequible, mediación residencial y acceso a vivienda pública, con criterios transparentes y mecanismos de denuncia frente a prácticas discriminatorias.»
Propone acceso prioritario a vivienda pública y a residencias para personas mayores LGTBI que sufrieron persecución y discriminación.
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«Se establecerán también medidas de acceso prioritario a la vivienda pública y a residencias para personas mayores, con el objetivo de garantizar una vejez digna a quienes sufrieron décadas de persecución, exclusión y discriminación institucional.»